jueves, 17 de febrero de 2011

Limitación de encuestas es una descarada voluntad de fraude y un insulto a la inteligencia




Como un insulto a la inteligencia y un acto descarado de voluntad de fraude calificó el Congresista Rafael Vásquez Rodríguez la decisión de exigir a las empresas encuestadoras la identificación con nombre, DNI, teléfono y dirección de las personas que son encuestadas.
“La encuesta es una de las formas de estudio de mercado y opinión; y la garantía para que sus resultados reflejen la fotografía del momento se fundamenta en su aleatorio diseño muestral y en la libérrima opinión del encuestado, libre de toda presión. No se puede inducir la respuesta bajo ningún mecanismo, porque ello sesga la muestra, distorsiona el resultado y liquida la encuesta”.
“Las inconcebibles condiciones establecidas desvirtúan absolutamente la naturaleza de lo que es una encuesta. Y el supuesto submuestreo de control, al ser posterior al estudio de campo, ya no tendría validez para confirmar una encuesta de hace mas de 3 días, pues pare ese momento podría haber variado la opinión de los encuestados”.
“¿Qué cosa se pretende?. ¿Cómo serían las encuestas a boca de urna?. ¿Quieren hacer lo que no pudieron en las elecciones municipales de Lima, cuando las encuestadores protegieron a la ciudadanía de un fraude que se habría montado?. ¿Cómo queda el país ante el mundo?”
La liquidación de las encuestas abre el paso al oscurantismo, porque quieren impedir la información y en este extremo atenta a un derecho fundamental de la población. Este hecho prepara el camino para la manipulación oscura de los resultados electorales que pone un olor nauseabundo de fraude al proceso electoral en curso que tendría como responsables a quienes hoy detentan el poder, dijo.
El Congresista Vásquez Rodríguez agregó que “el Jurado Nacional de Elecciones ha demostrado firmeza e independencia en ocasiones anteriores. No puede, ahora, ser cómplice de esta barbaridad. Por ello le invoco a rectificar la Resolución 038-2011-JNE, para levantar todo manto de sospecha de que en contubernio con el gobierno, se pretendería favorecer fraudulentamente a candidatos amigos para protegerse de probables denuncias de corrupción”.
Finalmente, el Congresista afirmó que “era correcto que el JNE fiscalice y controle para que no se manipule a la opinión pública y, que eso se iniciaba con la inscripción de las empresas encuestadoras, pero no puede llevar al absurdo de establecer mecanismos que en la práctica distorsionan los resultados de las encuestas y atentan contra el derecho de información de todos los peruanos”.
“Es el público quien debe premiar o sancionar a las encuestadoras con la credibilidad o no, según sea el caso” sentenció.

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