La última encuesta del Instituto de Opinión Pública (IOP) de la PUCP sobre la corrupción trae algunas cosas nuevas y confirma otras ya más o menos conocidas. Pese a que la corrupción en el Perú es un fenómeno reconocido por la mayoría (75%) como muy grave, ella ocupa (en otras encuestas) el cuarto lugar de los problemas más importantes del país, después del desempleo, la pobreza y la situación económica. Desde una perspectiva comparada, el Perú es percibido como uno de los países latinoamericanos más corruptos juntamente con Guatemala, Nicaragua, Jamaica y Ecuador, como lo señala una reciente publicación del IEP sobre la cultura política de la democracia en el Perú.
Algo que llama la atención es que ella no tiene el mismo sentido para las personas encuestadas en Lima y provincias. Para la mayoría de los hombres y para los estratos medios y altos, la corrupción tiene un sentido patrimonialista (conseguir beneficios particulares aprovechando el cargo público que se ostenta y usar la ley para beneficio propio). En cambio, las mujeres y los estratos populares, pobres y muy pobres tienden a darle un significado no patrimonialista (asaltar y robar y no cumplir las promesas electorales). Esto significa que para los estratos medios y altos el patrimonialismo es simple y llanamente corrupción mientras que para los estratos populares y pobres es una forma de cultura política.
La encuesta revela un bajo nivel de autoestima. En efecto, la mayoría (56%) cree que los peruanos son poco honestos y el 17% cree que son nada honestos, sobre todo los de más edad y los estratos populares, los pobres y los muy pobres. Si los limeños creen que los peruanos son poco o nada honestos entonces están dispuestos a ser tratados como tales. La mayoría son pesimistas respecto al presente, pero son relativamente optimistas respecto al futuro: El 41% cree que ahora hay más corrupción que hace doce meses, sobre todo en los estratos populares, pobres y muy pobres y sólo el 24% piensa que hay menos corrupción, especialmente los estratos medios y altos; pero el 39% cree que la corrupción será menor en el futuro, especialmente estos últimos estratos y sólo el 22% cree que la corrupción será peor, especialmente en los sectores populares. Los estratos medios y altos tienden a ser más optimistas tanto en el presente como en el futuro de la corrupción mientras que los sectores populares y pobres mantienen un terco pesimismo al respecto.
En la evaluación de la corrupción en los diversos gobiernos, Fujimori se lleva la palma de lejos como el gobierno más corrupto (56%), seguido por el primer gobierno de García (el 22%) y por el de Toledo (17%). A medida que se baja en la escala social, menor es el porcentaje de la población que juzga al gobierno de Fujimori como el más corrupto, lo que revela una cierta permisividad de los sectores populares y pobres con la corrupción de ese gobierno. Esos mismos estratos tienden a creer que los gobiernos de García y de Toledo fueron más corruptos. Esta peculiar evaluación de la corrupción de los gobiernos por parte de los sectores menos favorecidos del país tiene que ver probablemente con la agresiva política social desplegada por Fujimori entre 1993 y el 2000.
El actual gobierno de García queda mejor librado pues el 52% de la gente piensa que es menos corrupto que los otros, sobre todo en los estratos altos y medios, pero los estratos populares y pobres creen que es tan corrupto como los otros. Para los limeños la política es el escenario en el que impera la corrupción, pero la mayoría, especialmente los sectores medios y altos, piensa que se puede trabajar en el campo político sin corromperse. Los estratos populares y pobres, en cambio, son más escépticos al respecto. La mayoría de los sectores medios y alto, cree que el Estado ofrece los flancos más débiles a la corrupción en relación con la empresa privada.
En cambio, los sectores populares y pobres tienden a pensar que la corrupción se da en ambos espacios. Las instituciones peruanas más corruptas, en opinión de los limeños, son el Congreso, la policía, el Poder Judicial, los partidos políticos, en ese orden, y, por eso, sorprende que le otorguen al Poder Judicial y al gobierno la capacidad de luchar contra la corrupción a través de diversas políticas: educación en valores, leyes y sanciones muy altas
